El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio de baja la licitación para instalar un gift shop con comidas y bebidas al paso en una bóveda del Cementerio de la Recoleta, después de que la Justicia ordenara frenar el proceso a partir de un amparo de una heredera de la familia concesionaria del espacio y cuestionara la caducidad del permiso sobre el inmueble.

La bóveda está ubicada en la Sección 17, Tablón 201, tiene una superficie cubierta aproximada de 24,55 metros cuadrados y la licitación preveía una concesión comercial por cinco años con un canon base de $1.600.000. El gobierno porteño resolvió anular el llamado luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo N° 6 hiciera lugar al planteo judicial.

De acuerdo con la versión oficial, los 30 propietarios registrados de la bóveda acumulan una deuda de $22.215.070 por mantenimiento correspondiente al período 2007-2026. A ese monto se agregan $15.587.653 por trabajos de reparación que, según la administración porteña, fueron realizados por la Ciudad.

El expediente judicial fue presentado por Lucía Girado contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para pedir la nulidad del procedimiento que declaró la caducidad de la concesión de la bóveda familiar.

La cautelar ordenó al Ejecutivo porteño abstenerse de dictar la caducidad del terreno formado por las sepulturas uno a 12 y demasía del número 201, Sección 17 del cementerio, y también de disponer una eventual licitación o remate público.

El juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 6 de la Ciudad, también requirió la suspensión de la Licitación Pública n° 10002-1251-LPU26. Esa convocatoria tenía por objeto la concesión de uso y explotación comercial onerosa de la bóveda para una tienda de recuerdos y un local gastronómico.

En la resolución, Gallardo sostuvo que, a partir de la declaración de caducidad, el Gobierno habría iniciado una segunda etapa orientada a una explotación comercial onerosa y lucrativa en un lugar que podría estar fuera del comercio. También señaló que el cementerio, como bien jurídico, constituye un espacio de paz y descanso para los deudos y no un centro comercial.

El gobierno porteño afirmó que desde 2025, durante el proceso adjudicatorio, envió cartas documento y publicó edictos sin que ninguno de los titulares regularizara la situación ni abonara los importes reclamados. Las autoridades sostuvieron que la declaración de caducidad siguió el procedimiento habitual aplicado en los cementerios de la Ciudad y que luego el bien fue restituido por vía administrativa.

Girado rechazó esa reconstrucción y dijo que intentó regularizar la situación de la bóveda en numerosas oportunidades, pero que con el paso de los años perdió el rastro de cuál de sus familiares figura como titular en los registros. Esa situación, afirmó, le impidió asumir el pago de la tasa anual y del mantenimiento general.

"La bóveda no está abandonada porque yo voy; si desde la administración del lugar dicen que está abandonada porque no se pagó la tasa es otra cosa", dijo la heredera a La Nación. También relató: "Nadie me dijo nada nunca. Vivo a 10 cuadras y voy varias veces al año: vi el deterioro y el cambio de estructura del cementerio, que antes era tierra de nadie".

La mujer agregó que su padre y dos de sus abuelos fueron sepultados allí hace más de 20 años y que comparte ese espacio con numerosos parientes. "El director me dijo que se habían seguido todos los pasos correspondientes y que tenían los nombres de los familiares notificados: están todos muertos los de la lista", afirmó.

La bóveda permanecía clausurada hasta este fin de semana y el acceso estaba bloqueado incluso para los familiares, en medio de un refuerzo de las medidas de seguridad en el perímetro. En ese contexto se presentó el amparo que derivó en la decisión judicial.

El panteón, como casi todos los entregados en el siglo XIX, había sido concesionado a perpetuidad a la familia Girado, oriunda del sur de la provincia de Buenos Aires.