El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, sostuvo que espera que la jueza María de los Ángeles de Marinis, quien días atrás declaró inconstitucional para un caso la nueva Ley Penal Juvenil, sea destituida en el proceso de enjuiciamiento impulsado por el Gobierno porteño. El funcionario cuestionó la resolución de la magistrada y afirmó que constituye "un serio incumplimiento" de sus funciones.

"Un desastre. Genera enojo, genera bronca", dijo Tapia al ser consultado sobre el fallo. Según planteó, la Ciudad promovió el pedido para que un jurado del Consejo de la Magistratura evalúe si De Marinis cumplió con sus obligaciones y, en caso de considerar que no lo hizo, aplique una sanción.

La controversia se originó en una causa por una tentativa de robo ocurrida en Palermo, en la que estaba imputado un adolescente de 14 años identificado por las iniciales M.I.A. De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3, declaró inconstitucional para ese expediente el artículo 1.º de la Ley 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal juvenil.

La jueza consideró al adolescente no punible, dictó su sobreseimiento y ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para elaborar un plan de acompañamiento familiar, reinserción escolar y acceso a actividades recreativas.

Durante una entrevista con el programa "No vale arrugar", que se emite por Radio Splendid, el ministro precisó que las medidas posibles dentro de ese procedimiento incluyen el apercibimiento, la suspensión o la destitución. "Lo que buscamos es que se evalúe si cumplió o no la norma", señaló.

Tapia indicó que la jueza declaró la inconstitucionalidad de una norma para un caso particular y sostuvo que la decisión no tuvo fundamentos suficientes. Además, afirmó que De Marinis acumula revocaciones de resoluciones de primera instancia, aunque no detalló la cantidad ni los expedientes involucrados.

"Espero que el jurado de enjuiciamiento entienda que hay un serio incumplimiento a sus funciones y que sea destituida", expresó el ministro porteño.

El funcionario vinculó su crítica con la política de seguridad y justicia que impulsa la administración de Jorge Macri. En ese marco, defendió que quienes incumplen la ley enfrenten consecuencias y cuestionó resoluciones que, a su criterio, pueden dejar sin efecto el trabajo legislativo y ejecutivo para prevenir delitos.

Consultado sobre las advertencias de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien manifestó reparos sobre enjuiciar magistrados por el contenido de sus sentencias, Tapia respondió que el jury es un mecanismo previsto en la Constitución.

"Si uno hace bien su trabajo, ¿cuál es el problema?", afirmó. También rechazó que el pedido represente un escrache o un cuestionamiento general al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Tapia sostuvo que la denuncia apunta a que el órgano competente revise el desempeño de la magistrada. "No estoy metiendo en la bolsa a todo el Poder Judicial", dijo, y remarcó que la Ciudad busca ampliar sus competencias judiciales como parte de su autonomía.

Durante la entrevista, el ministro también defendió la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, una medida aprobada a nivel nacional. Explicó que, según su postura, el cambio permite juzgar a adolescentes por delitos cometidos desde esa edad, sin que ello implique que antes no pudieran quedar detenidos en institutos de menores.

En relación con el caso que motivó el pedido de enjuiciamiento, Tapia cuestionó que el sobreseimiento de un menor pueda derivar en su regreso a la calle. "Si te interesa tanto el destino del delincuente, del menor en este caso, no lo tires a la calle de nuevo", declaró.

El planteo contra De Marinis deberá ser analizado por el jurado de enjuiciamiento correspondiente, que definirá si existen elementos para avanzar con alguna de las sanciones previstas.

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil apeló la decisión de la jueza. El viernes, la Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires revocó por unanimidad el fallo, dejó sin efecto el sobreseimiento y dispuso el apartamiento de De Marinis del caso.

Los camaristas Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca entendieron que la magistrada no acreditó que la reducción de la edad de punibilidad vulnerara la Constitución Nacional o tratados internacionales. El expediente deberá volver al juzgado de origen para que la Oficina de Sorteos y Asignación de Causas designe a otro magistrado, mientras la investigación continuará bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil.