José Armando Urioste Viera fue nombrado fiscal general del Estado interino por la Asamblea Legislativa Plurinacional, tras una jornada de cinco votaciones fallidas y en medio de la crisis abierta por la detención de Roger Mariaca. El jurista ejercerá durante 90 días, plazo en el que el Legislativo deberá completar el proceso para designar al sucesor definitivo, cuyo mandato será de seis años.

La sesión se extendió hasta la madrugada, sin que ninguno de los postulantes iniciales alcanzara la mayoría de dos tercios requerida. Gonzalo Flores Céspedes, Julio Ariel Coronado y William Herrera Áñez integraban la primera nómina de candidatos.

A las 05:26, mientras continuaba el desacuerdo en el pleno, se pidió "un poquito de paciencia" para intentar alcanzar un consenso. Quince minutos después de las 06:00 se reinició la sesión con Urioste Viera como único candidato y fue elegido casi de inmediato mediante votación por signos.

La designación interina se produjo después de que la Asamblea votara, antes de la medianoche del viernes 2 de octubre, la "suspensión inmediata" de Mariaca. La jornada legislativa había comenzado a las 10:30 con una exposición del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sobre el operativo que derivó en la aprehensión del fiscal general.

En ese procedimiento también fueron detenidos el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior, Martín Irusta, y el mayor de Policía Rubén Aparicio. Luego, el Legislativo aprobó y promulgó una ley corta que modificó el artículo 25 de la Ley 260, que regula la elección y las funciones del fiscal general del Estado.

Urioste Viera es licenciado en Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales, diplomado en Derecho Civil y Educación Superior, y magíster en Derecho Constitucional y Derecho Agrario. Su trayectoria incluye funciones como secretario de Cámara del Tribunal Departamental de Justicia del Beni y del Tribunal Agrario Nacional.

También ejerció durante tres años como juez de instrucción, fue juez de partido y juez público civil y comercial por más de 11 años. Posteriormente, integró durante seis años la Sala Social Contenciosa y Contenciosa Administrativa como vocal.

El nuevo fiscal interino fue decano del Tribunal Departamental de Justicia del Beni durante seis años, docente de grado y posgrado en varias universidades y profesor del Instituto de la Magistratura. Además, egresó del programa piloto de creación de ese instituto dentro del Proyecto de Reforma Judicial.

Mariaca fue detenido acusado de liderar una supuesta organización criminal dedicada a proteger actividades vinculadas al narcotráfico. El Gobierno de Rodrigo Paz le atribuye los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

La acusación sitúa como antecedente central la fuga del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset durante un operativo policial de 2023, cuando Mariaca era fiscal departamental de Santa Cruz. El Ejecutivo sostiene que los supuestos antecedentes de protección a la organización de Marset son anteriores a su llegada a la Fiscalía General.

Marset fue capturado en marzo y entregado a Estados Unidos en un operativo en el que no participó la Fiscalía General. El Gobierno utilizó ese caso y las investigaciones posteriores para cuestionar las actuaciones del Ministerio Público durante la gestión de Mariaca.

Antes de llegar a la Fiscalía General, Mariaca había dirigido durante cuatro años la Fiscalía departamental de Santa Cruz. En ese período recibió críticas por el manejo de investigaciones de alto impacto público, entre ellas la referida a un vuelo que trasladó cerca de media tonelada de cocaína desde Bolivia a España en 2023.

Pese a esos cuestionamientos, el Parlamento lo eligió fiscal general en octubre de 2024, cuando el Movimiento al Socialismo, vinculado a los expresidentes Evo Morales y Luis Arce, controlaba el Legislativo. Sectores de la entonces oposición cuestionaron una presunta afinidad política entre Mariaca y esa fuerza.

Dos días antes de su detención, Estados Unidos revocó el visado de Mariaca por supuesta corrupción. Washington lo incluyó en una lista de altos cargos y exfuncionarios de Bolivia, Colombia y Perú acusados de corrupción y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente".

Mariaca rechazó las acusaciones y afirmó haber recibido "con mucha sorpresa" la medida estadounidense. También pidió "respeto" por la soberanía boliviana y denunció un intento de "condicionar" o "interferir" en la labor del Ministerio Público.

El fiscal general relacionó la decisión con las "implicaciones" de investigaciones impulsadas por la Fiscalía, entre ellas las vinculadas con el consultor político argentino Fernando Cerimedo. Cerimedo está procesado por una supuesta tentativa de feminicidio contra su expareja y es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Además de Mariaca y Zeballos, fueron detenidas otras personas vinculadas a la Fiscalía. Entre los arrestados había seis acusados de intentar retirar documentación de la vivienda del fiscal general, mientras que cerca del domicilio se decomisaron más de USD 300.000 que eran transportados en una ambulancia que salió del lugar.

El Ejecutivo sostiene que, al tratarse de delitos ordinarios, Mariaca debe ser procesado por la justicia ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades ante el Parlamento. Tras su aprehensión, Luis Montaño asumió provisionalmente la conducción de la Fiscalía General por ser el fiscal superior con mayor antigüedad, según el Ministerio Público.

El Gobierno desconoció esa designación, acusó a Montaño de usurpar funciones y defendió que el Legislativo debía definir una conducción transitoria. La elección de Urioste Viera se produjo después de esa disputa sobre la continuidad institucional de la Fiscalía.

El Departamento de Estado de Estados Unidos y los países de la coalición "Escudo de las Américas" respaldaron al Gobierno de Paz y pidieron que continuaran las investigaciones contra las presuntas redes de protección al narcotráfico.