El análisis técnico señala que el ARA San Juan sufrió una explosión de hidrógeno originada por el cortocircuito de baterías que habían sido inundadas por agua de mar en el tanque 3, generando un incendio y el colapso de la nave. En ese lapso, la nave comienza a descender irregularmente hasta que la presión externa rompe el casco y provoca la implosión. El informe menciona que la energía liberada equivaldría a la explosión de más de 5 toneladas de TNT. Los abogados querellantes van más allá: “La nave fue mandada sabiendo que tenía fallas y los avisos internos no fueron atendidos con la urgencia requerida”.

Aquí radica una mayor expectativa de responsabilidad penal, porque no se está frente a un accidente inevitable, sino frente a lo que la querella describe como “un envío al sacrificio” de los 44 tripulantes.

Las madres, esposas, hijos y hermanos de los 44 tripulantes transformaron el reclamo en un ejercicio de memoria colectiva: fotos, misas en la Base Naval de Mar del Plata, caravanas por la costa atlántica y discursos que denunciaban la indiferencia estatal. También se elaboraron pedidos de declaración de duelo nacional. En 2024 se logró la declaración del «Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del submarino ARA San Juan».

La querella presentó múltiples recursos para evitar que la causa quedara archivada. Según fuentes, existen 40 investigaciones judiciales interrelacionadas vinculadas con el ARA San Juan. La Cámara de Casación confirmó que el juicio oral se hará en Santa Cruz, lo cual representa un avance significativo para las familias que temían dilaciones. La sede, puntualizado por Carreras, tiene un valor simbólico. “La nave jamás arribó a puerto. El hecho ocurrió en alta mar. Aquí no era Mar del Plata”, afirma.

En paralelo, familiares denunciaron espionaje por parte de la Agencia Federal de Inteligencia del gobierno de Mauricio Macri (AFI) sobre sus actividades de reclamo, lo cual abrió un nuevo frente judicial. La abogada Valeria Carreras sinceró la situación: “Nunca podíamos llorar a nuestros seres queridos porque sabíamos que nos estaban escuchando”.

El episodio puso en evidencia una serie de tensiones políticas e institucionales: La inversión en defensa, el abandono de ciertas flotas, el atraso en mantenimiento tecnológico, el recorte presupuestario de la Armada y la pérdida de conocimiento operativo. Todo alimentó el relato de que el Estado permitió que un submarino navegara en condiciones inseguras.

Las relaciones internacionales se activaron: empresas extranjeras (como Ocean Infinity) participaron de la búsqueda; también se generaron cuestionamientos sobre tecnología importada, sobre la capacidad argentina para operar submarinos de alta complejidad, y el papel de alianzas estratégicas navales.

El caso es una bisagra para el mantenimiento de las fuerzas armadas argentinas y la operatividad de su flota submarina. Y un párrafo aparte merece lo referido a la soberanía argentina, ya que la ley que declaró el día de memoria recalca “la defensa del mar argentino”, en un momento en el que temas de pesca ilegal, plataformas offshore y presencia marítima ganan relevancia. El Estado tiene la obligación de demostrar que protege a su gente, que no la arriesga sin respaldo, y entonces está obligado a asumir sus errores.

El hallazgo del casco a fines de 2018 se realizó gracias a que la empresa Ocean Infinity pedía un incentivo de US$7,5 millones. Esa cifra, señala la dimensión del costo y del desafío técnico de buscar en un lecho marino tan profundo.

Fuente: telam